(ANDINA).- La defensora del Pueblo, Beatriz Merino, pidió hoy al Estado, las fuerzas del orden y la sociedad en su conjunto cerrar filas en apoyo a la Policía Nacional, para brindarle las herramientas indispensables a fin de que pueda cumplir con su labor, al tiempo de evitar que el narcoterrorismo reviva los devastadores años de la violencia política. “No debemos olvidar que en los 20 años que Perú sufrió la violencia terrorista murieron alrededor de 1,100 policías. Desde el punto de vista del Estado, la Policía Nacional es posiblemente la institución que más sufrió, la que más víctimas y muertos tuvo durante ese tiempo.”
En una breve conferencia de prensa, tras el lanzamiento del proyecto Promoción de los Derechos de la Niñez Peruana, la defensora pidió realizar esfuerzos para impedir “que esa historia se repita”.
“Pido que nos unamos para darle a la Policía Nacional todos los medios que sean indispensables a fin de que pueda cumplir con su tarea de protegernos como sociedad y luchar contra las fuerzas enemigas de Perú, que son el narcotráfico y el terrorismo. No podemos sólo ver morir a nuestros hermanos policías en defensa del orden público y la seguridad de todos nosotros.”
Recordó que hace un par de meses, la Defensoría presentó un informe sobre cómo fortalecer a la institución policial, debido a que se detectó la falta de recursos en sus tareas diarias, además de fallas en la infraestructura de sus locales, específicamente las comisarías.
Coordinaciones con FFAA
Merino se refirió también a las conversaciones sostenidas con la Comandancia General del Ejército, a fin de de evitar que nuevos menores de edad puedan enrolarse en el Ejército.
“Con el general Guibovich se ha conversado sobre la necesidad de insistir en una mayor coordinación, a fin de tomar todas las medidas que sean indispensables para que bajo ninguna circunstancia menores de edad ingresen en el Ejército. Para ello, el propio general ha hablado de un convenio con el Reniec”, informó.
Entre las medidas analizadas por ambas instituciones se menciona la mayor difusión de la Ley del Servicio Militar, que entró en vigor el 1 de enero, la cual establece que todos los menores de 17 años deben obtener DNI, y 60 días después podrían inscribirse en el registro militar.
De esta manera, el Reniec tendría la obligación de informar con cierta anticipación al Ministerio de Defensa de la relación de adolescentes que el año anterior cumplieron 17 años.
Consultada sobre el debate que se ha generado alrededor de la propuesta presidencial de promover el desarrollo de los denominados núcleos ejecutores, indicó que no emitirá comentario oficial alguno, debido a que no se lo han solicitado; pero que a modo de reflexión podía decir que su desarrollo tiene un marco jurídico establecido en la Constitución y la Ley Orgánica de Municipalidades.
“La ejecución de las obras por parte de la población está en la Constitución, en el articulo 2º, inciso 17, que habla del derecho de participación ciudadana, y a nivel municipal está también regulada en el artículo 113 y en el 117 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que habla sobre los comités de gestión.”
Quizá lo que podría tenerse en cuenta, sostuvo, es que el diseño de la propuesta deba tener un correlato normativo entre el proceso de concertación que tienen las municipalidades y los gobiernos regionales, con incidencia en sus propios presupuestos.
“Tiene que hacerse un análisis de las necesidades de la población, cuáles son las prioridades. Probablemente, estos núcleos tienen que priorizar proyectos de impacto colectivo y que mejoren su calidad de vida. Ojalá que estos núcleos ejecutores tengan asistencia técnica, que les permita garantizar la mejor ejecución de sus proyectos, sin olvidar que los gobiernos locales tengan un rol protagónico”, finalizó.
