"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

viernes, 6 de noviembre de 2009

Difundirán programa de recompensas por captura de terroristas en zonas de emergencia

(ANDINA).- El Gobierno iniciará una campaña de difusión del programa de recompensas para la captura de mandos terroristas, en las zonas del valle de los ríos Apurímac y Ene (Vrae) y otras donde haya actividad subversiva, adelantó un funcionario a cargo de este mecanismo.

Erasmo Reyna, presidente de la comisión calificadora del otorgamiento de recompensas, dijo que para que la población conozca de este programa se iniciará una campaña publicitaria en dichas zonas de emergencia.

Se difundirán spots radiales y televisivos, así como afiches y volantes, con los rostros de los mandos terroristas y la compensación que se otorga por sus capturas.

Agregó que se otorgará una compensación de hasta un millón de soles por la captura de los cabecillas José Flores León “Artemio”, o de Víctor Quispe Palomino “José”; y de 500 mil soles por el paradero de otros 13 dirigentes subversivos que han sido debidamente identificados.

Explicó que una vez remitida la información, los componentes de inteligencia de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas comienza a trabajar para confirmar la versión y proceder a la posterior pesquisa y captura.

Agregó que una vez que es capturado el subversivo, la comisión calificadora decide, previa evaluación del procedimiento, otorgar la recompensa con los montos antes señalados.

Anotó que este procedimiento también es utilizado en otros países de la región como México y Colombia, donde también se fomenta la participación de la ciudadanía en esta tarea.

Reyna indicó que los ciudadanos que desean proporcionar información sobre mandos terroristas pueden comunicarse al teléfono 0800-19800 o escribir al correo electrónico recompensas@mininter.gob.pe.

El funcionario garantizó la confidencialidad de las personas que brinden la información, y enfatizó que el Código Penal sanciona con hasta 7 años de cárcel a los funcionarios públicos que violen esta reserva, y de hasta 6 años para cualquier ciudadano que incurra en ello.

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