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miércoles, 9 de diciembre de 2009

Se incrementa ayuda para lucha contra la corrupción

(ANDINA).- Los recursos destinados a las instituciones dedicadas a la lucha contra la corrupción se incrementaron de S/ 4,900 millones en el año 2005 a más de S/ 7,600 millones en el 2009, destacó el jefe del Gabinete Ministerial, Javier Velásquez Quesquén.

Esto representa un incremento del 55 por ciento en dicho período y demuestra el compromiso del Ejecutivo en la lucha contra ese flagelo, dijo al inaugurar la I Jornada por un Perú sin Corrupción, en el distrito de Miraflores.

Destacó que el 2009 se ha destinado 7,600 millones de soles de manera conjunta para reforzar la lucha que contra la corrupción que libran instituciones como la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio del Interior y el de Justicia.

“Sus presupuestos han sido mejorados porque la autonomía y la independencia con la que actúan estas instituciones tiene que estar garantizada en su base económica”, remarcó.

Recordó que en el 2005 el monto asignado a todos aquellos organismos que articulan los esfuerzos de lucha contra la corrupción ascendía a 4,900 millones de soles en el presupuesto general de la República.

Velásquez resaltó el propósito del Ejecutivo de incrementar seguir incrementando los recursos para entes que luchan contra la corrupción y dijo que para el 2011 la Contraloría debería poder incorporar a su planilla al 80 por ciento de las Oficinas de Control Interno de las instituciones públicas.

“Y no como ahora que dependen de la autoridad a la que tienen que fiscalizar. Esa es una de las metas estratégicas que tenemos que dejar el 2011 cuando dejemos el gobierno”, subrayó.

Durante la primera jornada "Por un Perú sin corrupción en el Día Internacional de Lucha Contra la Corrupción", mencionó que el país es considerado en América Latina como el primero en estructurar un Plan Nacional Anticorrupción, ejecutado por el Poder Ejecutivo con el apoyo de la cooperación internacional.

Informó que actualmente existen cerca de diez mil empleados públicos que están siendo procesados por delitos cometidos en agravio del Estado, de los cuales el 80 por ciento son procesados por concusión o peculado.

Decretos Supremos

El jefe del Gabinete Ministerial, posteriormente, anunció que en los próximos días se promulgará una serie de normas que garantizarán un mejor comportamiento de los funcionarios y servidores públicos. En principio, anotó, entrará en vigencia un Decreto Supremo que regulará el uso adecuado de los bienes públicos.

En tanto, que otro dispositivo legal que será aprobado en breve, establecerá un procedimiento para la recepción y disposición de obsequios, donaciones o beneficios en general para la administración pública.

Un tercer Decreto Supremo, agregó Velásquez Quesquén, permitirá crear la Central de Riesgos para Funcionarios Públicos, en la que se concentrará toda información que permita a las instituciones públicas conocer todos los antecedentes de un profesional antes de designarlo a un cargo de confianza en el sector público.

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