(ANDINA).- La Defensoría del Pueblo recomendó al Ministerio de Educación, a las Direcciones Regionales de Educación y a las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) que refuercen los órganos de control institucional y las Comisiones de Atención de Denuncias y Reclamos mediante la dotación de mayores recursos humanos y logísticos.
Al presentar el informe titulado "Aportes de la Defensoría del Pueblo para una Educación sin Corrupción", la defensora Beatriz Merino indicó que además se requiere presupuesto y recursos tecnológicos que le permitan a estas instancias realizar una adecuada labor de investigación y control.
Asimismo, a fin de optimizar los mecanismos de transparencia y reforzar la vigilancia ciudadana, sugirió a dichas instancias que capaciten y sensibilicen a sus servidores y funcionarios, así como a los profesores y directores de las instituciones educativas.
El informe también recomienda al Congreso de la República regular un plazo de prescripción para las faltas administrativas disciplinarias de los docentes, servidores y funcionarios públicos. Asimismo, que se elabore un proyecto de ley que regule el procedimiento de faltas y sanciones disciplinarias escolares, el cual deberá ser objeto de debate público.
Por último, el Informe Defensorial recomienda a la Presidencia del Consejo de Ministros modificar el Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Público en el sentido de que la Comisión Permanente de Procedimientos Administrativos Disciplinarios cuente con asesoría técnica permanente.
La investigación advierte la persistencia de tres condiciones transversales que favorecen actos de corrupción, como la ineficiencia de los mecanismos de sanción y control, la debilidad de los mecanismos de transparencia y límites de acceso a la información, y la precariedad de la vigilancia ciudadana.
El referido informe recoge los resultados de la Campaña “Educación sin Corrupción”, realizada por la Defensoría desde el 2007. En el curso de la investigación previa se registraron 1,519 quejas (de éstas, 1,071 fueron declaradas fundadas).
El mayor número de quejas fundadas (840) estuvo referido a casos que generan riesgo para la comisión de actos de corrupción, como irregularidades en procedimientos administrativos, irregularidades en procesos de contratación y nombramiento de personal, deficiencias en las medidas de control, entre otros.
Por otra parte, las quejas por casos de corrupción se ubican en segundo lugar (119 quejas), siendo las más frecuentes las relacionadas con cobros indebidos, uso indebido del cargo, impunidad y venta de notas.
Finalmente, el informe señala los casos vinculados a otros hechos vulneratorios (112 quejas), entre los que se registran quejas por atentados contra la integridad, acoso sexual y violación sexual, según señaló Susana Silva Hasembank, Adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo.
La funcionaria agregó que su institución ha advertido que uno de los principales aspectos que incide negativamente en la realización del derecho a la educación es la gestión administrativa a cargo de las instancias descentralizadas del sistema educativo.
Ello se refleja en que el objeto de las quejas, en su mayoría, son las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) (466 quejas), las Direcciones Regionales de Educación (DRE) (272 quejas) y las Instituciones Educativas (I.E.) (262 quejas).
“El actual marco normativo del sector que regula los diferentes procedimientos de investigación de las faltas administrativas cometidas por docentes, servidores y funcionarios administrativos no contribuye completamente a agilizar dichas investigaciones. Por ello se recomienda al Ministerio de Educación que se regule en el Reglamento de la Ley del Profesorado la etapa de investigación preliminar de las denuncias administrativas, a cargo de una Comisión de Atención de Denuncias y Reclamos", sostuvo la funcionaria.
Al presentar el informe titulado "Aportes de la Defensoría del Pueblo para una Educación sin Corrupción", la defensora Beatriz Merino indicó que además se requiere presupuesto y recursos tecnológicos que le permitan a estas instancias realizar una adecuada labor de investigación y control.
Asimismo, a fin de optimizar los mecanismos de transparencia y reforzar la vigilancia ciudadana, sugirió a dichas instancias que capaciten y sensibilicen a sus servidores y funcionarios, así como a los profesores y directores de las instituciones educativas.
El informe también recomienda al Congreso de la República regular un plazo de prescripción para las faltas administrativas disciplinarias de los docentes, servidores y funcionarios públicos. Asimismo, que se elabore un proyecto de ley que regule el procedimiento de faltas y sanciones disciplinarias escolares, el cual deberá ser objeto de debate público.
Por último, el Informe Defensorial recomienda a la Presidencia del Consejo de Ministros modificar el Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Público en el sentido de que la Comisión Permanente de Procedimientos Administrativos Disciplinarios cuente con asesoría técnica permanente.
La investigación advierte la persistencia de tres condiciones transversales que favorecen actos de corrupción, como la ineficiencia de los mecanismos de sanción y control, la debilidad de los mecanismos de transparencia y límites de acceso a la información, y la precariedad de la vigilancia ciudadana.
El referido informe recoge los resultados de la Campaña “Educación sin Corrupción”, realizada por la Defensoría desde el 2007. En el curso de la investigación previa se registraron 1,519 quejas (de éstas, 1,071 fueron declaradas fundadas).
El mayor número de quejas fundadas (840) estuvo referido a casos que generan riesgo para la comisión de actos de corrupción, como irregularidades en procedimientos administrativos, irregularidades en procesos de contratación y nombramiento de personal, deficiencias en las medidas de control, entre otros.
Por otra parte, las quejas por casos de corrupción se ubican en segundo lugar (119 quejas), siendo las más frecuentes las relacionadas con cobros indebidos, uso indebido del cargo, impunidad y venta de notas.
Finalmente, el informe señala los casos vinculados a otros hechos vulneratorios (112 quejas), entre los que se registran quejas por atentados contra la integridad, acoso sexual y violación sexual, según señaló Susana Silva Hasembank, Adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo.
La funcionaria agregó que su institución ha advertido que uno de los principales aspectos que incide negativamente en la realización del derecho a la educación es la gestión administrativa a cargo de las instancias descentralizadas del sistema educativo.
Ello se refleja en que el objeto de las quejas, en su mayoría, son las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) (466 quejas), las Direcciones Regionales de Educación (DRE) (272 quejas) y las Instituciones Educativas (I.E.) (262 quejas).
“El actual marco normativo del sector que regula los diferentes procedimientos de investigación de las faltas administrativas cometidas por docentes, servidores y funcionarios administrativos no contribuye completamente a agilizar dichas investigaciones. Por ello se recomienda al Ministerio de Educación que se regule en el Reglamento de la Ley del Profesorado la etapa de investigación preliminar de las denuncias administrativas, a cargo de una Comisión de Atención de Denuncias y Reclamos", sostuvo la funcionaria.
