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martes, 12 de enero de 2010

Proponen privatizar cárceles para mejorar seguridad y resocialización de internos

(ANDINA)- El legislador Juan Eguren, ex presidente de la Comisión de Justicia, propuso la tercerización o la privatización del sistema penitenciario para mejorar la seguridad, optimizar la administración de los centros de reclusión y garantizar la resocialización de los internos.

Recordó que su grupo de trabajo encargó un informe al parlamentario Aldo Estrada para hacer un análisis de la situación carcelaria en el país y la condición de internamiento de los presos.

Al mencionar que la mayoría de penales enfrentan el hacinamiento y la falta de seguridad, reconoció que esa situación se repite en un número significativo de países de la región, los cuales superaron esa problemática con la tercerización o la privatización de los servicios penitenciarios.

Según explicó, la administración de penales implica tres aspectos: logística (alimentos, vestimenta, salud, entre otros), seguridad (medidas que eviten fugas o el ingreso de material prohibido como armas o drogas), y resocialización (talleres y asesorías sicológicas).

“Hasta el momento, el Estado se muestra ineficaz en el ofrecimiento de alguno de estos tres elementos. Alcanzar objetivos en su administración requiere un diagnóstico para proceder a la privatización o tercerización de los penales del país”, planteó.

En primer lugar, dijo que el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) y el Ministerio de Justicia deben evaluar los costos, directos e indirectos, que genera un interno de penal, para luego proceder a elaborar las bases de una licitación.

Añadió que parte de las bases es el establecimiento de altas sanciones pecuniarias a la empresa ganadora del concurso público, en caso se presente una fuga de reos o cuando surjan reyertas por la falta de control.

“Para evitar las sanciones, las compañías especializadas en temas penales aplican medidas sumamente rígidas que evitan cualquier irregularidad en el manejo penitenciario”, dijo a la Agencia Andina.

Eguren consideró que el proceso de privatización o tercerización acabaría con la mala administración y que genera malas condiciones de reclusión en perjuicio de la salud de los internos, además de evitar cualquier atisbo de corruptelas por sobornos de los propios presos.

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