El Poder Ejecutivo observaría la eventual aprobación en el Congreso de una autógrafa de ley que disponga sancionar con cárcel a los directivos de los medios de comunicación por difundir material considerado obsceno, adelantó el jefe del Gabinete Ministerial, Javier Velásquez.
Precisó que la referida iniciativa carece de fundamento, ya que existe legislación suficiente que regula la publicación de material obsceno y que prohíbe su distribución a menores de edad.
Además, dijo que esa propuesta poco o nada puede hacer frente a la información de todo tipo que se puede encontrar por internet.
“Esta ley carece de fundamento (…) y lógicamente la vamos a observar ya que es redundante por las normas existentes que regulan este tema”, manifestó en América Noticias.
El dictamen de ley aprobado por unanimidad en la Comisión de Justicia del Congreso establece prisión efectiva de dos a seis años para directores y editores de medios de comunicación que publiquen imágenes, mensajes o audios considerados obscenos.
El proyecto incorpora esta penalidad en el artículo 183 del Código Penal creando el delito de “publicación en los medios de comunicación social sobre exhibiciones obscenas o pornográficas”.
Por otro lado, Velásquez aseveró que en una reunión con los rectores de las universidades públicas se acordó que darán facilidades para hacer acciones de inteligencia a efectos de garantizar el orden y la seguridad interna.
Ratificó que se encuentran plenamente identificadas las personas que participaron en la marcha a favor de la amnistía a dirigentes terroristas e indicó que dicha información es procesada por el Ministerio Público.
También señaló que la ley aprobada por el Congreso que exonera a las gratificaciones del pago del 9 por ciento a EsSalud genera que la seguridad social pierda mil millones de nuevos soles al año.
Indicó que el presidente Ejecutivo de EsSalud, Fernando Barrios, entregó una propuesta para contener el desfinanciamiento que tiene la entidad por esta medida, la cual sólo se estudió, pero no fue aprobada.
Asimismo, estimó que el informe sobre el caso de interceptación telefónica, aprobado por mayoría en el Congreso, tiene una alta carga política.
“Por eso a veces las investigaciones parlamentarias desacreditan las cosas, porque están cargadas de intencionalidad política; entonces se pierde la objetividad.”
Además, reiteró que no tiene ninguna aspiración electoral y que acompañará al Jefe del Estado hasta el final en el cargo que tenga a bien consignarle en el Ejecutivo o desde el Congreso.
Dijo que el Presidente de la República, Alan García Pérez, tiene todo el derecho de potenciar el Gabinete Ministerial cuando lo considere conveniente. Fuente: ANDINA