DRELM - 15/02/2012.- En más de un centenar de colegios públicos, parroquiales y privados de Lima, inspeccionados por el Ministerio de Educación, se cometieron diversas infracciones que han merecido la apertura de procesos administrativos de investigación, se informó hoy.
El director regional de Educación de Lima, Marcos Tupayachi, señaló que hubo operativos en 199 centros educativos de la capital y se halló que en más del 50 por ciento de ellos hubo cobros excesivos por concepto de Apafa, suma que no debe exceder, por ningún motivo, los S/. 54.00.
Asimismo, se detectó que en los colegios privados se exige el pago adelantado de pensiones, cuando la norma es sumamente clara al señalar que el servicio se paga una vez que haya sido brindado y no antes.
También se descubrieron condicionamientos y presión por pagos adicionales.
“Por ejemplo encontramos que en las fichas de matrícula que se les entrega a los padres de familia se anexa el voucher o recibo de pago por otros conceptos, lo que es un indicio de presión y condicionamiento”, indicó el funcionario.
En ese sentido, Tupayachi remarcó que la matrícula en los colegios estatales es por única vez y en ningún colegio, sea estatal o privado, puede estar condicionada a algún otro pago o adquisición de materiales, uniformes o textos.
Otra de las infracciones puestas al descubierto en un colegio estatal se refiere a la lista de útiles, en la que se consigna material que el alumno no necesitará y, además, textos que, de antemano, el profesor sabe que el Ministerio de Educación distribuirá gratuitamente.
Recordó también que estas irregularidades conllevan sanciones de tipo administrativo, civil y penal, según sea el caso, como los cobros indebidos que pueden ser castigados con penas de dos a cuatro años de prisión.
En cuanto a sanciones administrativas, Tupayachi indicó que los directores de colegios, tanto públicos como privados, pueden ser sancionados por el Ministerio de Educación con la suspensión temporal o la separación definitiva del cargo.
“En un caso hemos encontrado que un colegio privado funciona sin resolución ministerial, sin licencia municipal de funcionamiento y sin informe favorable de Defensa Civil, por lo que el único camino es el cierre del mismo”, dijo en conferencia de prensa.
A todas estas situaciones, mencionó, se suma el caso de las 10 instituciones educativas sancionadas por el Indecopi por diversas infracciones con multas cercanas a los 100,000 nuevos soles en conjunto, monto equivalente a más de 27 unidades impositivas tributarias (UIT).
Señaló, además, que ya se tomaron las medidas correctivas en el caso específico de los colegios emblemáticos Alfonso Ugarte, Elvira García y García y Teresa Gonzales de Fanning, donde, gracias a una denuncia periodística, se descubrió que se presionaba a los padres de familia para comprar uniformes en el mismo colegio o en proveedores determinados.
En el primero de los nombrados reveló que se destituyó al director encargado, Jaime García Castro, y que en los otros dos casos, por tratarse de directores titulares, se abrieron procesos de investigación y se continuará con los procedimientos establecidos por las normas.
Aseguró que el pretexto con el que se pretende justificar la venta de uniformes, como la falta de recursos para comprar artículos de limpieza (como detergentes y la reparación de alguna computadora), no tiene ningún asidero.
Esto porque cada año los directores de colegios públicos reciben una partida de mantenimiento preventivo, con el suficiente tiempo para hacer las reparaciones necesarias.
“No hay ninguna justificación para que se haga este negocio”, dijo, al remarcar que se investigará el destino de esos fondos. Fuente: ANDINA
