(ANDINA).- La ministra de Justicia, Rosario Fernández, solicitó hoy que el Poder Judicial revise las 121 detenciones domiciliares dispuestas solo en Lima, en donde exista riesgo de fuga tal como, en algunos casos, ha advertido la Dirección de Seguridad de Penales (Dirsepen), organismo adscrito a la Policía Nacional del Perú. Indicó que de estos casos, el 25 por ciento corresponde a procesos por violación, mientras que el resto a tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, extorsión y homicidio.
“Lo que quiero solicitar, respetuosamente, pero de manera urgente al Poder Judicial, es la revisión de esos casos (los 121) de detención domiciliaria (…) (donde, según la Dirsepen) hay inseguridad en (cumplir) estos mandatos”, refirió.
Fernández manifestó que esta revisión es necesaria, con la finalidad de determinar si es que, en todos ellos, los procesados están dentro de los domicilios y señaló que también se debe verificar la forma en que fueron otorgados, debido que se aplican a delitos que “no corresponden a esta situación”.
“La detención domiciliaria es una facultad discrecional de los jueces concederla o no. ¿Resulta razonable conceder arrestos domiciliarias en casos de delitos como he mencionado?”, se preguntó la ministra.
Sostuvo que los arrestos domiciliarios están regulados por lo dispuesto en el artículo 143 del Código de Procedimientos Penales, con dos sistemas, uno amplio y el otro rígido.
“Debe optarse por el sistema rígido, reservándolo (el sistema amplio) a aquellos casos que por gravedad de la situación, personal del individuo se juzgue”, anotó.
Agregó que en el caso de la detención dispuesta a Rómulo León, “técnicamente” no se ha cumplido con instalar este arresto domiciliario de la forma debida, por lo que pidió al juez Jorge Barreto a tomar las medidas necesarias para tener “la certeza” de que este mandato se cumple a ley, de lo contrario, “debería regresar al sistema rígido”.
En ese sentido, refirió que el procurador Jorge Luis Caldas le entregó un informe donde se indica que este mandato no se está cumpliendo debidamente, puesto que la policía no tiene acceso al lobby del edificio y menos a la puerta donde se encuentra instalado León Alegría.
Comentó que en su calidad de presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, recibió el Oficio 992 de la Dirsepen entregado a la Tercera Sala Penal Especial el 7 de julio a las 9:00 horas, aproximadamente tres horas antes de que se excarcelara a Rómulo León del Penal de San Jorge.
En este documento, dijo, la Dirsepen precisa que el inmueble donde cumple arresto domiciliario, “no reúne las características de seguridad mínima siendo los riesgos de seguridad latentes”, así como “una posible fuga del procesado”.
Añadió que la Tercera Sala Penal Especial responde con una resolución en la que destacan dos argumentos “inaceptables”, donde, a grandes rasgos menciona que se “cumpla esta orden”, debido a que “no existe ningún domicilio que preserve todos los márgenes de seguridad para un arresto domiciliario”.
“El Poder Judicial tiene en sus manos toda la posibilidad de tomar las medidas de precaución necesarias para que un arresto domiciliario se otorgue en las condiciones que corresponda”, aseguró en conferencia de prensa.
