(ANDINA).- Un integrante de Amnistía internacional (AI) España expresó a la embajada peruana en ese país sus disculpas por la información incompleta con la que elaboró un pronunciamiento sobre los trágicos sucesos de Bagua (Amazonas), la cual, dijo, fue proporcionada por la oficina central de esa organización.
Se trata de Antonio Herranz Caro quien en una misiva al embajador de Perú en Madrid, José Luis Pérez, reconoce que desconocía los hechos exactos de lo ocurrido en el conflicto suscitado en la amazonía peruana, por lo que "solo resta disculparme".
Explicó que no sabían que varios policías fueron “despiadadamente torturados antes de ser asesinados” en el conflicto con los nativos, así como que “algunos políticos radicales” difundieron entre los indígenas la idea de que saquearían sus tierras, lo que fue el “germen originario del terrible conflicto”.
Dichos conceptos están contenidos en la carta enviada por el activista de AI España, al embajador peruano, en respuesta a la misiva que el diplomático le remitió, precisamente puntualizando algunos aspectos de este conflicto.
“Solo resta disculparme si por mi desconocimiento y movido únicamente por la búsqueda de la justicia social haya podido herir sus sentimientos”, señala Herranz.
Agrega que otros hechos, como la acción de mineros informales que contaminan los ríos, o que las plantaciones ilegales de coca son las responsables de la deforestación de 10 millones de hectárea de la amazonía peruana, no eran de su conocimiento al momento de su pronunciamiento del 18 de junio, sobre los sucesos de Bagua.
“Estos datos no los proporcionó Amnistía Internacional en el momento de elaborar el escrito. Desconozco si por desconocimiento”, afirmó al indicar que la información proporcionada por la embajada será enviada a la sede central de la organización en Londres.
Como se sabe, tras los sucesos del 5 de junio, organizaciones no gubernamentales y grupos ambientalistas denunciaron un supuesto genocidio de nativos por parte de las fuerzas del orden.
Esto fue descartado por el comisionado especial enviado por la ONU como por la Defensoría del Pueblo, que en su informe final dijo que en dicho conflicto social fallecieron más de 23 policías y 10 civiles, 5 de los cuales eran nativos; mientras que un oficial seguía desaparecido.