DRELM - 02/03/2012.- Al menos 20 colegios religiosos en el Perú condicionan la matrícula escolar a la presentación de la partida de matrimonio, lo cual es una práctica discriminatoria e ilegal, denunció hoy el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, Jaime Delgado.
El legislador precisó que -según consta en las propias páginas web de los planteles- se trata de las instituciones educativas Canonesas de la Cruz y Cristo Rey (Pueblo Libre), Corazón de Jesús (Jesús María), Inmaculado Corazón, Salcantay y San José de Monterrico (Santiago de Surco).
Del mismo modo, el colegio parroquial Santa Rosa de Lima (Lince), Santísimo Nombre de Jesús (San Borja), Alpamayo (Ate), San Pedro y Villa Caritas (La Molina), Nuestra Señora del Carmen y Hossana (Miraflores), entre otros.
Delgado lamentó que en pleno siglo XXI existan en el Perú colegios que consideren que los niños de padres solteros o convivientes no tienen el mismo derecho que los demás a la educación en dichos establecimientos de enseñanza.
“No es posible que se exija partidas de matrimonio a los padres como condición para poder matricular a sus hijos en dichos centros”, puntualizó.
El parlamentario recordó que el artículo 2 de la Constitución establece el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, y agrega que “nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole”.
“El artículo 16 de la Carta Magna señala que el Estado tiene el deber de asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de su situación económica o de limitaciones mentales o físicas”, subrayó.
Agregó que en el mismo sentido, el Código de los Niños y Adolescentes establece en su artículo 14 que ningún niño o adolescente debe ser discriminado en un centro educativo por su discapacidad ni por el estado civil de sus padres.
Finalmente, refirió que el primer artículo de la Ley 26772 señala que el acceso a centros de formación educativa no podrá contener requisitos que constituyan discriminación, anulación o alteración de la igualdad de oportunidades o de trato.
Delgado Zegarra pidió al ministerio de Educación y al Indecopi que intervengan frente a este abuso y cese este tipo de actos discriminatorios.
Del mismo modo, exhortó a los padres de familia que no se dejen atropellar y denuncien estas malas prácticas. Fuente: ANDINA
