(ANDINA).- La autonomía universitaria no puede ser invocada para oponerse a una evaluación y acreditación de todas las casas superiores de estudio dispuesta por el Estado, pues se trata de un servicio público esencial cuya calidad debe ser garantizada, opinó el Colegio de Abogados de Lima (CAL).
El decano del CAL, Walter Gutiérrez, consideró necesaria dicha evaluación planteada por el Poder Ejecutivo, y recordó que todas las libertades en un estado de derecho no son absolutas, sino regladas, por lo que la autonomía universitaria no puede ser un argumento para no ser evaluadas.
“El Estado tiene el derecho y la obligación de regular las instituciones universitarias y empresas que brindan esos servicios, y eso no violenta la autonomía universitaria y la libertad de empresa, solo las regula”, argumentó.
Así como la evaluación y acreditación es indispensable para otros servicios públicos esenciales como la salud, donde no se objeta que el Estado exija estándares mínimos de calidad a las empresas privadas que los brinde, también es necesario aplicar eso a la educación universitaria, pública o privada, aseveró.
Gutiérrez señaló que el proceso de acreditación de las universidades no debe ser algo opcional ni voluntario, sino obligatorio.
“El Estado debe buscar mecanismos de verificación de la calidad de este servicio que, además de comprometer ámbitos como la economía, también compromete la expectativa de cientos de miles de jóvenes y sus familias”, señaló.
Consideró que, en paralelo, podría ser opcional que las universidades públicas o privadas puedan acceder a acreditaciones internacionales, a fin de reforzar su presencia en el mercado.
Finalmente, consideró que el proceso de evaluación y acreditación de todas las universidades del país es una necesidad si el Perú quiere hacer sostenible el desarrollo económico que se está alcanzando.
El decano del CAL, Walter Gutiérrez, consideró necesaria dicha evaluación planteada por el Poder Ejecutivo, y recordó que todas las libertades en un estado de derecho no son absolutas, sino regladas, por lo que la autonomía universitaria no puede ser un argumento para no ser evaluadas.
“El Estado tiene el derecho y la obligación de regular las instituciones universitarias y empresas que brindan esos servicios, y eso no violenta la autonomía universitaria y la libertad de empresa, solo las regula”, argumentó.
Así como la evaluación y acreditación es indispensable para otros servicios públicos esenciales como la salud, donde no se objeta que el Estado exija estándares mínimos de calidad a las empresas privadas que los brinde, también es necesario aplicar eso a la educación universitaria, pública o privada, aseveró.
Gutiérrez señaló que el proceso de acreditación de las universidades no debe ser algo opcional ni voluntario, sino obligatorio.
“El Estado debe buscar mecanismos de verificación de la calidad de este servicio que, además de comprometer ámbitos como la economía, también compromete la expectativa de cientos de miles de jóvenes y sus familias”, señaló.
Consideró que, en paralelo, podría ser opcional que las universidades públicas o privadas puedan acceder a acreditaciones internacionales, a fin de reforzar su presencia en el mercado.
Finalmente, consideró que el proceso de evaluación y acreditación de todas las universidades del país es una necesidad si el Perú quiere hacer sostenible el desarrollo económico que se está alcanzando.
