(ANDINA).- La ley que promueve la inversión en las zonas altoandinas es una nueva apuesta para cerrar la histórica “fractura social” entre la costa y la sierra, y es una quinta forma de atacar la pobreza de manera sistemática en el interior del país, dijo hoy el presidente Alan García Pérez.
“Esta Ley lo que permite es abaratar la inversión en la sierra, por encima de los 2 mil 500 metros de altitud. Es una apuesta más para cerrar la fractura social, la existencia de dos países que viven de espaldas uno a otro, en perjuicio evidente del ande”, expresó el mandatario.
Durante una reunión con 60 alcaldes, representantes de 22 cámaras de comercio y 80 empresarios para ver posibilidades de inversión, destacó la importancia de poner en marcha la ley que exonera de impuestos a determinadas actividades económicas en 101 provincias ubicadas por encima de los 2,500 metros de altitud, por el plazo de 10 años.
El objetivo de la norma -dijo- es cubrir un quinto tema o plataforma de ataque a la pobreza, que es el esfuerzo por lograr inversión en la sierra, lo cual redundará en la generación de empleo y mayor valor agregado.
“Eso se llama TLC (Tratado de Libre Comercio) hacia adentro, que nos puede ayudar a cerrar la fractura social histórica de la sierra con la costa”, expresó.
Es una ley pragmática
Señaló que esta norma “no es una ley de buenas intenciones, sino que es pragmática y práctica y que demuestra que el goteo (económico) no es suficiente ni la gente tiene que esperar.”
El crecimiento económico y la inversión en infraestructura, los programas sociales y la descentralización no han sido suficientes para cerrar esta brecha, aseveró.
Explicó, por ejemplo, que el crecimiento global de la economía peruana que exporta más al mundo no es suficiente para desarrollar la sierra y “mientras más abrimos las exportaciones en la costa, más es la distancia entre la economía moderna y la sierra.”
Agregó que los 49 mil millones de soles invertidos hasta el momento por el Gobierno Central, Gobiernos Regionales y Locales en la construcción de carreteras, colegios, puestos de salud y otras obras de infraestructura, tampoco ha sido suficiente para llegar a las zonas de mayor altitud.
Generar valor agregado
Detalló que actualmente en la sierra solo se maneja el tres por ciento de la manufactura nacional y se preguntó qué hacemos para solucionar así el desempleo y la miseria de esas zonas.
“El esfuerzo de esta ley es logar la inversión en la sierra, generando un valor agregado, dándole trabajo a miles de personas en el centro. Hay que darles impulso. La pequeña y mediana empresa hacen sus arrastres, y lo que es más importante, exige más infraestructura”, refirió el gobernante.
Enfatizó que esa norma se focaliza en los productos de la zona, pues “se hace industria con los recursos del lugar”, generando así empleos dignos para la población.
Se dirigió por tal motivo a los empresarios nacionales a fin de que tengan la visión de invertir en las riquezas que brinda la zona altoandina, como es la piscicultura, la industria del mármol o de las flores.
“Y es lo que queremos hacer con esta ley, porque en la medida que haya más fabricas pequeñas y medianas de enlatados de pescado, de tejido de alpaca, de enfriamiento de carnes, en la medida que haya este tipo de ayuda técnica, los focos industriales se multiplicarán”, insistió.
Responde a críticas
En su exposición ante los alcaldes y empresarios, el jefe de Estado respondió a las críticas expresadas por algunos sectores respecto a que esta norma afectaría los ingresos fiscales y recordó que actualmente el Estado no percibe recursos de las zonas altoandinas no por haber industria.
“Yo prefiero que el Estado reciba poco, pero que se genere empleo y se revolucione la sierra, sino no va a salir de su atraso”, insistió.
Ratificó que, en virtud a esta ley, si un empresario abre una planta industrial en esas zonas no pagará aranceles y estará exonerado del Impuesto a la renta de tercera categoría.
El jefe del Estado encabeza en Palacio de Gobierno una reunión de trabajo con 60 alcaldes de la sierra, representantes de 22 cámaras de comercio y 80 empresarios, a fin de analizar la Ley de Promoción de Actividades Productivas en las zonas altoandinas del país.
