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miércoles, 30 de diciembre de 2009

Más de 10 mil funcionarios fueron procesados por delitos de corrupción, informan

(ANDINA).- A la fecha 10 mil 110 funcionarios y servidores públicos fueron procesados por delitos de corrupción, de los cuales 1,106 recibieron sanción con penas efectivas y suspendidas, informó el secretario técnico del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Juan Farfán.

Enfatizó que las acciones judiciales fueron promovidas por las procuradurías especializadas a nivel nacional, en el marco de la política que ejecuta el Gobierno para desterrar este flagelo.

Entre los delitos, indicó, se presentaron casos por peculado (7,665); concusión (2,967), corrupción de funcionarios (1,447); abuso de autoridad (1,412) y contra la función jurisdiccional (493), entre otros. Cabe mencionar que, en ciertos casos, los denunciados pudieron cometer uno o más delitos.

Farfán precisó que del total de procesados, 1,033 funcionarios fueron sentenciados, 289 absueltos y 444 se declararon nulos sus juicios.

Indicó que de todos los sentenciados, 159 funcionarios recibieron penas efectivas, es decir fueron recluidos en diversos centros penitenciarios; mientras que 947 no fueron a prisión.

El secretario técnico del consejo jurídico destacó el trabajo de las procuradurías públicas y señaló que el combate a la corrupción es una tarea que compete no solo al Ejecutivo, sino a todas las instituciones del Estado.

“Los delitos de corrupción en el país están siendo procesados y sentenciados efectivamente”, remarcó.

Las Procuradurías Públicas Anticorrupción Descentralizadas fueron creadas en el año 2001 y actualmente existen 28 procuradurías a nivel nacional que tienen a su cargo más de 9 mil procesos.

El Gobierno anunció la creación de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CNA), que analizará y establecerá medidas y acciones para erradicar ese problema.

Este grupo de trabajo estará conformado por representantes de la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional y Consejo Nacional de la Magistratura, entre otros organismos.

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