La Ministra de Trabajo, Manuela García, solicitó al Congreso de la República acelerar el debate y aprobación del proyecto de ley que plantea sancionar hasta con diez años de cárcel a los malos empleadores que provoquen accidentes de trabajo mortales o graves al incumplir las normas de seguridad y salud ocupacional.
Explicó que la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo se encuentra en la Comisión de Trabajo del Congreso que preside el legislador Juan Carlos Eguren.
Precisó que el proyecto plantea una pena de cárcel no menos de cinco años ni mayor de diez, si se produce un accidente de trabajo con consecuencias de muerte o de lesiones graves para los trabajadores o terceras personas, por no respetar las normas de seguridad y salud en el trabajo.
Además, se está pidiendo que el empleador sea reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años, si infringe las normas de seguridad y salud en el trabajo, y no adopta las medidas preventivas necesarias para que los trabajadores desempeñen su actividad.
Afirmó que el objetivo de esta medida es establecer sanciones más drásticas para los empleadores que pongan en peligro la vida, salud o integridad física de sus trabajadores, contribuyendo así a reducir el elevado índice de muertes y accidentes graves que ocurren en sectores como el de construcción civil y, en menor medida, en minería.
“Otra de las modificaciones que se están planteando está relacionada a la Ley General de Inspección estableciendo multas de 5 Unidad Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a 18,000 nuevos soles a quienes no acatan la orden de paralización o prohibición de trabajos y tareas, en casos de riesgo grave o inminente para el personal que labora allí”, indicó.
Dijo que de persistir el incumplimiento, los inspectores podrían imponer una multa coercitiva, duplicando sucesivamente el monto de la anterior, hasta que se cumpla el mandato, con un límite de 200 UIT ( 720,000 soles); sin perjuicio del procedimiento sancionador correspondiente”.
La multa coercitiva impuesta deberá ser pagada dentro del plazo de cinco días hábiles de quedar consentida o ejecutoriada, vencidos los cuales se ordenará su cobranza coactiva. Además, estas sanciones económicas se aplicarán sin perjuicio de poder denunciar al responsable ante el Ministerio Público.
“Con este conjunto de medidas se evitará la proliferación de obras informales que no cuentan con las adecuadas medidas de seguridad, llegando a poner en peligro la integridad física de sus trabajadores”, indicó.
En el periodo enero 2009-abril 2010, la autoridad laboral ha paralizado 136 obras inseguras a nivel nacional por poner en riesgo la vida de cerca de 3,500 trabajadores. Fuente: ANDINA
