Los docentes que han sido condenados por el delito de terrorismo no pueden retornar ni lo harán al magisterio nacional, afirmó hoy el viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación, Raúl Díaz Chávez.
En tal sentido, enfatizó que de acuerdo con las facultades que le otorga las leyes vigentes en el país, ejerce un permanente proceso de vigilancia y control al respecto.
Indicó que dicha supervisión se hace en cuatro niveles: del director del plantel, de las unidades de gestión educativa local (UGEL), de las direcciones regionales de educación (DRE) y del mismo Ministerio de Educación.
Dijo que según el artículo 34º de Ley de Carrera Pública Magisterial (CPM), está totalmente prohibido y es causal de suspensión del maestro cuando éste realiza, en su centro de trabajo, actividades de proselitismo político a favor de partidos, movimientos o dirigencias nacionales, regionales o municipales.
Ante una práctica de esta naturaleza, agregó el viceministro, de inmediato se pone en acción la defensa institucional del Estado a través del procurador público para asuntos de terrorismo.
Un ejemplo de esto fue el caso del dirigente radical Robert Huaynalaya, a quien por su actitud "violentista" y radical se le abrió proceso y se le separó del magisterio, subrayó Díaz Chávez.
Señaló que otro filtro para que no ocurra el retorno a las aulas de los profesores condenados por terrorismo, es que uno de los requisitos para los procesos de ingreso o incorporación de docentes a la CPM es que tienen que presentar sus certificados policiales y judiciales.
"No se admite a los que tienen procesos pendientes", remarcó el viceministro.
Recordó que desde el inicio de la gestión del ministro Antonio Chang, la preocupación principal fue que las dirigencias politizadas del SUTEP no siguieran influyendo sobre el sistema educativo, como lo hizo a lo largo de los últimos 25 años con resultados negativos para la educación de los niños y el beneficio de los dirigentes de Patria Roja.
El viceministro indicó que a fines del año pasado, su despacho informó sobre la situación laboral de 29 profesores al procurador público de la Procuraduría Especializada para los Delitos de Terrorismo, Julio Galindo Vásquez.
En esa oportunidad, detalló Díaz Chávez, Galindo pidió dicha información. “La cual atendimos de acuerdo con la ley, misma que determinó que la mayoría fuera absuelta o declarada inocente por los tribunales de justicia, la misma que disponía se les asignase su plaza de trabajo.”
Citó los casos de los docentes Mery Morales Palomino, Carmen Ochoa Rúa, Jorge Vidal Pacheco y Walter Lorenzo Delgado Rojas, todos absueltos por la justicia; así como el de Nelly Evans, quien no trabaja en el sector. Fuente: ANDINA
