Por: Alda Lazo de Hornung Segunda vicepresidenta del Congreso de la República.
Desde que asumí mi mandato como legisladora, he querido luchar contra todo tipo de violencia; por ello, la primera norma que propuse se refirió a la violencia familiar. Este año he analizado la problemática de la seguridad ciudadana, y hace poco estuvimos reflexionando sobre las alternativas a la violencia juvenil referidas a la justicia restaurativa; y en esa tarea de investigación y profundizar en temas de violencia no habíamos tratado, hasta hoy, la violencia que se puede dar en las escuelas.
El llamado bullying es una forma de violencia interpersonal, continuada en el tiempo, intencional e injustificada, en la que el agresor abusa de su poder físico, psicológico o delegado. Este maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares se da mayoritariamente en el aula y patio de los centros escolares, y tiene como protagonistas a los niños y niñas en proceso de entrada en la adolescencia, es decir, entre los 12 y 13 años, siendo ligeramente mayor el porcentaje de niñas en el perfil de víctimas.
Hemos sido testigos, en los últimos días, de diversos casos de bullying a escala nacional y nos ha preocupado sobremanera.
Los responsables de muchos centros educativos nacionales y privados niegan y evitan pronunciarse sobre estas malas relaciones interpersonales entre sus estudiantes, que son incapaces de enfrentar y resolver conflictos.
Estoy segura de que en todo colegio o escuela existe la necesidad de una atención a esta problemática. Sin embargo, creemos que la solución de estas necesidades deben pasar por el fortalecimiento de las instancias intersectoriales y el apoyo conjunto para todos los actores, en todas aquellas instancias que permitan dar una respuesta integral.
Como legisladora, he visto que en otros países, como Puerto Rico, se supedita la expedición o renovación de licencias a que los centros educativos demuestren que tienen protocolos definidos en caso de hostigamiento entre estudiantes.
En España se trata este tema obligando a que los establecimientos educacionales tengan un Plan de Convivencia, que regula este y otros aspectos de la realidad escolar.
Necesitamos en nuestro país analizar cuál sería la mejor forma de abordar el tema en beneficio de la sociedad en su conjunto. He visto muy buenas iniciativas de facultades de psicología de universidades que plantean el abordaje del bullying en forma muy acertada; sin embargo, veo que el Ministerio de Educación no ha dado directivas claras y concretas para erradicar el acoso en las escuelas.
En el Congreso de la República nos encontramos, por lo tanto, en una etapa de apertura, donde se pretende instalar el tema del bullying en la agenda del país, por lo que lo fundamental ha sido congregar a la mayor cantidad de actores. Por ello, he decidido dar inicio a una Cruzada Nacional contra el Bullying.
Es indispensable una política de Estado antibullying y que desde el Congreso se estudien las normas que consagren la seguridad de los escolares en las escuelas, que combatan el acoso y promuevan la sana convivencia.
Son tres actores principales los que intervienen en el bullying: los agresores, las víctimas y los espectadores. Sin embargo la comunidad educativa, donde encontramos a los profesores y padres de familia, está involucrada de una u otra forma en la problemática. Legislar sobre bullying es dar normas que favorezcan a un promedio de 10 millones de personas, entre estudiantes, padres de familia y profesores.
Considero que la prevención del bullying y la promoción del buen trato deberá ser una campaña que tenemos que emprender empezando por el propio Estado, a través del Ministerio de Educación, por el Congreso de la República y por la comunidad educativa a escala nacional.
Por mi parte, planteo, mediante una iniciativa legislativa, la incorporación en la Ley General de Educación que el Estado tenga como función erradicar todo tipo de violencia física y psicológica, cometido por cualquier medio, incluyendo virtuales o cibernéticos. Así como toda forma de hostigamiento y acoso sostenido entre los escolares.
El Ministerio de Educación debería ser responsable de requerir a las escuelas las políticas y protocolos definidos, concretos y ejecutables en contra del hostigamiento e intimidación entre los estudiantes y condicionar la renovación o licencia para la existencia de este, así como supervisar su fiel cumplimiento.
No a la indiferencia, la tarea es de todos, profesores, directores, padres de familia, comunidad educativa, transportistas de movilidad escolar, ministro y autoridades, para contrarrestar el bullying en el Perú. Fuente: El Peruano
