DRELM - 03/12/2011.- Una investigación de la Defensoría del Pueblo sobre violencia sexual en el Perú reveló que las mujeres con retardo mental víctimas de este delito son las más desprotegidas al no contar con una debida protección y atención del Estado dada su condición de vulnerabilidad.
De un total de 48 expedientes judiciales sobre agresión sexual analizados en el informe de Adjuntía para los Derechos de la Mujer, en nueve casos (20.8 por ciento) los agresores aprovecharon el retardo mental de la víctima.
De los nueve casos, en tres el Poder Judicial emitió sentencia condenatoria; en otros tres se absolvió al imputado y en los tres restantes se archivó el proceso.
Al respecto, la titular de dicha dependencia, Eugenia Fernán-Zegarra, sostuvo que la información analizada muestra que los criterios considerados por fiscales y jueces para desestimar denuncias en los casos donde las víctimas son mujeres con retardo mental han estado fuertemente asociados a consideraciones discriminatorias.
“Dejar sin protección penal a una mujer con retardo mental o solicitar la determinación de su edad mental constituyen elementos de tipicidad no contenidos en las normas vigentes y, por lo tanto, un exceso probablemente originado en la necesidad de establecer si la agraviada consintió o no el contacto sexual, aún cuando su consentimiento no es válido legalmente”, expresó.
Asimismo, la adjunta defensorial señaló que si se tiene en cuenta que no se están dictando las medidas de protección para las agraviadas en general, en el caso de las mujeres con retardo mental la desprotección del sistema de justicia es más evidente, con lo cual se vulnera doblemente sus derechos.
Fernán-Zegarra recordó que el Estado peruano suscribió la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, mediante la cual se comprometió a reconocer el derecho a la igualdad y no discriminación a las personas con discapacidad, y asegurar que tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones que las demás personas.
Agregó que este acceso debe darse mediante ajustes de procedimiento adecuados a su condición de discapacidad para garantizar su debida atención, tanto en la recepción de las denuncias a nivel policial, como en la etapa de investigación y juzgamiento de los casos. Fuente: ANDINA
